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Anuncio de recursos de PP y Vox contra los indultos que preparará el Gobierno para los condenados por tu procesas obligaría a la Corte Suprema a debatir un tema que no tiene precedente jurisprudencial: la legitimidad de los partidos políticos para interponer un controvertido recurso administrativo contra esta acción.
Así lo han demostrado fuentes del alto tribunal, que muestran que lo que se decida en estos términos formales puede suceder evitar que el PP cumpla con sus demandas en este. La posibilidad de que Vox pudiera apelar parecía más clara, ya que formaba parte de un proceso que fue probado ante la Sala Penal de la Corte Suprema.
Sin embargo, según la misma fuente, todo dependerá de cómo se presente el recurso de amparo, que en principio se conformaría a las resoluciones de la Quinta Parte de la Administración de Controversias, integrada por los jueces Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Wenceslao. Olea (que también es miembro del Consejo General de Justicia (CGPJ) a petición del PP), ngeles Huet de Sande y Fernando Romás. Era posible que el asunto finalmente fuera más allá de la Sección y finalmente fuera visto por toda la Sala Tercera.
Los juristas consultados insisten en sin antecedentes legales con respecto a este asunto, porque el indulto suele ser propuesto por la víctima del delito de que se trate.
Interés legítimo o directo
En general, en un marco de debate-administrativo, se legitima a los «titulares de derechos o intereses legítimos» (artículo 19 de la Ley de Competencia Administrativa de Controversias). Además se agrega que no existe acción pública salvo que expresamente lo reconozca la ley, razón por la cual la Corte Suprema ha declarado falta de legitimidad activa para apelar de los partidos políticos en muchos casos.
Entre esas cosas no se pudo encontrar la presentación del perdón, por lo que no hay jurisprudencia. Además, la Sala no se inclina demasiado por la legitimidad de las partes, aunque este es un asunto a estudiar y la decisión final dependerá mucho de las razones esgrimidas por las partes interesadas, señalan las mismas fuentes.
Otros abogados consultados agregaron que además del «interés legítimo» mencionado anteriormente, la legitimidad en el orden de la Disputa se define por el llamado «interés directo», y en este punto el debate debe centrarse en determinar si un político tiene un interés directo en el perdón de otro político que ha sido sancionado. La falta de antecedentes lleva a meterse nuevamente en cosas que no están claras.
